Bienes Nacionales de uso público

Texto: Pedro Albornoz V. – Fotografía: RIG

El 6 de diciembre de 2018, el Ministerio de Bienes Nacionales dio inicio a la campaña “Que no te falte playa”, y desde ese día se han registrado 365 denuncias por prohibiciones arbitrarias de acceso a playas, ríos y lagos.

El lago Ranco fue el caso que alcanzó notoriedad a nivel país la semana pasada, esto tras viralizarse un video donde el presidente de Gasco, Matías Pérez Cruz, expulsa a tres mujeres que se encontraban en la ribera del lago, argumentando que invadían su propiedad. Este video abrió un debate sobre los límites de los bienes de uso público y la propiedad privada.

En Chile existirá proximamente una Ley de Playas Abiertas, que castiga a quienes prohíban el acceso libre y gratuito a las playas de Chile, con multas que van desde 10 a 100 UTM, y que incluso podrían llegar a las 200 UTM en caso de reincidencia. Esta legislación fue aprobada en su último trámite por el Senado y está lista para ser promulgada.

La normativa aún vigente para establecer el límite entre bienes de uso público y propiedades privadas data de 1979, fue promulgada por el desaparecido Ministerio de Tierras y Colonización, a través del Decreto 609. Según este texto, se considera cauce de un lago “la superficie que el agua ocupa y desocupa alternativamente en sus creces periódicas ordinarias”. Es decir, que el punto máximo que alcanza el lago durante su crecida periódica – siempre en invierno – forma parte de éste. Ello convierte a todo este espacio en un bien nacional de uso público, lo que es establecido en el artículo 589 del Código Civil.

Pese a lo anterior, la ausencia de claridad para dar cumplimiento a la normativa es evidente. El límite entre el agua y la propiedad de los riberanos se ha convertido en un gran tema para el derecho público. No por su profundidad, sino por la complejidad y falta de definiciones que existen en nuestro ordenamiento legal. Incluso, el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional dos reglamentos que intentaron normar este aspecto, al considerar que vulneraban la propiedad privada.

Según especialistas en la materia, la definición legal no es muy precisa. El sector que ocupa el lago usualmente en las crecidas de invierno es bien nacional de uso público. Si el agua aumenta frecuentemente cinco metros en invierno, ese espacio pertenece a todos los habitantes de la nación. Pero hay entendidos que incluso van más allá y ponen en duda los límites debatidos entre playa y los terrenos particulares de la ribera. Para estos eruditos, cuando una persona ingresa a un lugar de la playa, hay 80 metros desde la línea de las más altas mareas que es propiedad fiscal. Lo que pase dentro de eso es bien de uso público.

La institución a cargo de fiscalizar estos límites es la Armada de Chile. Sin embargo, aquí existe un conflicto, ya que fuentes al interior de la Armada se escudan en la ausencia de normas para determinar el límite entre lo público y lo privado. La forma de establecer esto está normada en el decreto 609. Este límite lo fija el Ministerio de Bienes Nacionales a través de un decreto para el caso de cada lago, pero en la práctica no existe información de que se fijen o existan decretos que determinen límites.

Diferentes académicos advierten que el Ministerio de Bienes Nacionales tiene el deber de fijar esos límites para evitar estos problemas. No es por el uso de las playas propiamente tal, sino que para regular la construcción y líneas de edificación, pero el Estado no gasta recursos en eso si no existen conflictos.

Desde el ministerio reconocen que efectivamente no hay una fijación de la ribera en los lagos de Chile. Se ha hecho solamente en cada caso que ha llegado a tribunales. El ministerio argumenta que eso tiene que hacerse caso a caso. Incluso el Ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, restó dramatismo a la situación en una entrevista radial, afirmando que determinar los límites no es algo de otro mundo, algo que contrasta con la visión de la Armada, para quienes no es llegar, observar y fijar el límite, sino que se debe hacer un estudio y considerar el cauce del agua.

Así las cosas, mientras aquellos que tienen la responsabilidad sobre el tema se ponen de acuerdo, los ciudadanos de a pie sólo esperamos poder salir a veranear y disfrutar en algún balneario sin que nos salga a correr algún individuo alegando que estamos invadiendo su propiedad.

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