CASO BASURA: A BRASIL SIN ESCALAS

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Texto: Revista Mi Gente – Fotografías: Archivo 

El fiscal a cargo del Caso Basura, José Luis Pérez Calaf, solicitó a la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (UCIEX) del Ministerio Público, la autorización para el traslado a Brasil de funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), para tomar contacto con personal de la fiscalía brasileña a cargo de la ejecución del requerimiento internacional.

De acuerdo a información publicada por el diario La Tercera, el objetivo de esta diligencia es investigar el proceso de licitación de mantención de alumbrado público con la empresa Citeluz S.A. por un monto de 24.074 UF en un plazo de cuatro años, lo que equivale a cerca de $527 millones de pesos.

Cabe recordar que en el marco del Caso Basura, en el año 2015 ya se levantaron cargos en contra de los alcaldes de Maipú, Christian Vittori, y de Cerro Navia, Luis Plaza, además de otras 15 personas, entre las que se encuentran la esposa de Vittori, Pamela Riquelme; el suegro de Vittori, Luis Riquelme; los concejales de Maipú Marcelo Torres; Carlos Jara y Carol Bortnick; y el ex concejal Carlos Richter, entre otros, además de un representante de KDM, la empresa indagada por una cuestionada licitación de rellenos sanitarios para los desechos en la comuna de Maipú en el año 2011.

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A la investigación del proceso de esta licitación, se suma la que motivó la solicitud internacional presentada ante Brasil, la que está a la espera de la autorización de las autoridades de ese país para poder concretarse. La idea es que funcionarios de la Brigada de Lavado de Activos (BRILAC) de la PDI, puedan efectuar diligencias cuya práctica se requerirá a las autoridades brasileñas, según consta en el oficio reservado enviado por Pérez Calaf a la UCIEX dado a conocer por el diario La Tercera.

En el documento, el Ministerio Público imputa a funcionarios públicos por haber realizado exigencias no requeridas por las bases para poder así favorecer a Citeluz y contratar a dicha empresa, pese a que Chilectra hizo una oferta más económica. Para la Fiscalía, esto significó un perjuicio de $174 millones de pesos para las arcas fiscales, según lo señalado en el requerimiento de asistencia internacional. En este sentido, se indica que en el proceso licitatorio los empleados públicos infringieron el deber de seleccionar la oferta más ventajosa.

En concreto, se solicitó ubicar e interrogar en calidad de testigos a los ejecutivos de Citeluz: Cesar Ribeiro Teixeira, Luis Carlos Alves Lima, Valdir Ferreira de Olivera, Aldo Brito de Almeida y Michel Vincent Tesconi. Con ello se busca contrastar sus declaraciones con otros antecedentes de la investigación, especificamente con la declaración del imputado Gerardo Ramírez Badilla, gerente de Administración y Finanzas de Citeluz Chile S.A y conocer la real participación de las personas consultadas en los procesos de postulación y adjudicación de esta licitación.

Otro involucrado: el alcalde de Colina

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El 14 de junio pasado, el alcalde de Colina, Mario Olavarría, declaró por primera vez en el marco del Caso Basura y fue en la calidad de imputado.

Según fuentes de la investigación y de acuerdo a lo informado por el propio fiscal Pérez Calaf el viernes recién pasado, el Ministerio Público está preparando una nueva serie de formalizaciones que apuntarían a funcionarios de esa Municipalidad, entre ellos el alcalde Olavarría. Aún no se definen los cargos que se le imputarían. Lo concreto es que a Mario Olavarría se le indaga porque presuntamente habría ordenado pagos por un total de $83 millones de pesos a dos funcionarios públicos (Marcela Morales y César Vidal) entre 2010 y 2015, quienes según la fiscalía, nunca habrían prestado servicios al municipio.

La petición de nuevas formalizaciones estaría lista dentro de las próximas dos semanas.

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Este artículo pertenece a : Nacional, Noticias
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