Cumplimiento Ley de Inclusión: Se amplió plazo para subir información hasta el 31 de marzo de 2019

Texto: María Paz Pinochet (abogada) – Fotografía: Internet

La Ley de Inclusión, entre otras disposiciones contiene tres obligaciones de diversa naturaleza para el empleador relacionadas con esta materia.

Por ahora el Informativo es  para empresas que tienen 200 o más trabajadores:

1. Las empresas con 200 o más trabajadores deben contratar y mantener contratados el 1% de la dotación total de trabajadores de la empresa con discapacidad o asignatarios de una pensión de invalidez.

Esta obligación rige desde el 1° de abril de 2018. Actualmente la DT ya puede comenzar a fiscalizar y multar en caso de NO cumplimiento, pero a la fecha se ha instruido una fiscalización de tipo colaborativa, por ello el plazo se ha extendido hasta el 31 de marzo de 2019.

Por lo tanto, desde abril a diciembre de 2018, estas empresas ya debieron cumplir con la contratación del 1% de trabajadores discapacitados o asignatarios de pensión de invalidez.

(Para las empresas con 100 y hasta 199 trabajadores, la obligación rige desde el 1° de abril de 2019).

2. Las empresas tienen obligación de registrar los contratos de trabajo celebrados con personas con discapacidad o asignatarios de una pensión de invalidez, así como sus modificaciones y términos.

Desde el inicio de vigencia de la Ley los empleadores tendrán un plazo de seis (6) meses para registrar los contratos de trabajo, sus modificaciones y términos de contratos de personas con discapacidad o asignatarios de pensión de invalidez (Ord. N° 1613/024 del 29 de marzo de 2018).

Una vez transcurrido el plazo antes señalado, para efectos del registro de contratos de trabajo celebrados con personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, de las modificaciones y del término de contratos celebrados con las mismas personas, el empleador tendrá el plazo de quince (15) días hábiles, siguientes a su celebración, modificación o término para registrarlo.

En consecuencia, estas empresas tuvieron hasta el 1° de octubre de 2018 para registrar los contratos, sus modificaciones y términos, luego de esa fecha, se aplica la regla general de 15 días hábiles (Ord. N° 6245/047 del 12 de diciembre de 2018). Sin embargo, por la fiscalización colaborativa, el plazo se extiende hasta el 31 de marzo de 2019.

3. Estas empresas tienen obligación de informar a la DT, en un registro creado especialmente para ello, durante el mes de enero de cada año, lo siguiente:

a)   Número total de trabajadores de la empresa.

b)   Número de personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez que deben ser contratadas.

c)    Número de contratos vigentes que mantienen con personas con discapacidad o asignatarios de una pensión de invalidez (esta información debió ser incorporada por la empresa en el plazo de 15 días hábiles desde la contratación, pero en caso que no haya sido oportunamente registrada, se deberá informar en la comunicación anual realizada en el mes de enero).

Además, aquellas personas que, por razones fundadas, no puedan cumplir total o parcialmente la obligación de contratación, deberán agregar a la comunicación indicada anteriormente, la siguiente información:

a)   Señalar su imposibilidad total o parcial de cumplir con lo dispuesto en el artículo 157 bis del Código del Trabajo.

b)   La razón fundada invocada que justifica que se encuentren en la imposibilidad total o parcial de contratar trabajadores con discapacidad o asignatarios de pensión de invalidez (esta obligación rige después de dos años de vigencia de la ley, es decir, desde 1° de abril de 2020).

c)    La medida subsidiaria de cumplimiento adoptada en conformidad con lo dispuesto en el artículo 157 ter del Código del Trabajo.

Esta obligación de informar rige desde el mes de enero de 2019. Sin embargo, por la fiscalización colaborativa, el plazo se extiende hasta el 31 de marzo de 2019.

 Considerando las reglas establecidas, para el caso en análisis se debe determinar:

Desde cuándo rige la obligación de contratación según el número de trabajadores que tiene la empresa (dotación total).

Si es una empresa de 200 o más trabajadores, se debe definir cuántos trabajadores discapacitados o asignatarios de una pensión de invalidez debió haber contratado la empresa desde abril a diciembre de 2018. Para ello, se deben seguir las siguientes reglas:

La empresa deberá considerar el período comprendido entre abril a diciembre de 2018.

Se considerarán solo a los trabajadores con contrato vigente al último día del mes respectivo.

El número total de trabajadores de la empresa corresponderá al resultado de la operación aritmética consistente en la suma del número de trabajadores de cada mes (abril a diciembre), dividido por 9, o por el número de meses que corresponda, en caso de que la empresa haya iniciado sus actividades con posterioridad inicio de la vigencia de la ley.

El resultado de la operación anterior determinará el número total de trabajadores de la empresa al último día del mes respectivo.

Entonces, el número de personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez que deberá ser contratado corresponderá al 1% de los trabajadores de la empresa calculado según el detalle antes expuesto.

Si al calcular el 1% del total de trabajadores resultare un número con decimales, dicho número se aproximará al entero inferior.

En todo caso, cuando el promedio final de la dotación anual de trabajadores de la empresa no alcance las 100 o más personas, la empresa tendrá la obligación de contratar personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez sólo en aquellos meses en que la empresa tenga efectivamente contratados 100 o más trabajadores (artículo 14 del Decreto N° 64 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social).

Cuál es el monto a pagar. Una vez definido el número de trabajadores con discapacidad o asignatarios de una pensión de invalidez que la empresa está obligada a contratar, si ha optado por la medida alternativa de donación, el monto anual de las donaciones efectuadas no podrá ser inferior al equivalente a veinticuatro ingresos mínimos mensuales ni superior a doce veces el límite máximo imponible establecido en el artículo 16 del decreto ley Nº 3.500, de 1980, respecto de cada trabajador que debía ser contratado por la empresa.

Es decir, el monto mínimo anual de una donación equivale al N° de trabajadores a contratar multiplicado por 24 IMM (que para fines no remuneracionales asciende a la suma mensual de $185.778.-).

Y el monto máximo anual de una donación podrá ascender al resultado de 78,3 UF multiplicado por 12 y por N° de trabajadores.

 A quién donar. A proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o fundaciones que se encuentren en el Registro de Donatarios del Ministerio de Desarrollo Social y que hayan establecido en sus estatutos que su objeto social es la capacitación, rehabilitación, promoción y fomento para la creación de empleos, contratación o inserción laboral de las personas con discapacidad, acreditando su funcionamiento y cumplimiento de sus fines estatutarios, ininterrumpidamente, al menos durante el año inmediatamente anterior a que se realiza la donación.

Cómo realizar la donación. Directamente a la Institución que cumpla con los requisitos antes señalados, a través del Certificado N° 60 que se adjunta, que debe ser completado según lasinstrucciones del SII. Este documento deberá ser registrado antes del 31 de marzo de 2019 (fiscalización colaborativa), en el enlace “comunicación electrónica enero 2019”, del sitio web de la Dirección del Trabajo, en el que se deberá ingresar toda la información señalada en el punto 3 de esta publicación.

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