FIMA recibe mandato judicial de vecinos de Maipú y aval de la Municipalidad para enfrentar peligros de SONACOL

Información y Fotografía: Municipalidad de Maipú

Desde la Municipalidad de Maipú, con la alcaldesa Cathy Barriga Guerra y 10 líderes vecinales al frente, este martes 21 de enero, se gestó un potente paso jurídico en contra del Proyecto de la Sociedad Nacional de Oleoductos S.A (SONACOL), al firmarse el mandato judicial con el que los vecinos de la comuna le otorgan a la ONG FIMA su aval para representarlos en la primera fase de la batalla legal contra la instalación del oleoducto.

Así, por esta vía administrativa, y con base en las observaciones realizadas en el proceso de participación ciudadana, los vecinos le confieren poder a esta ONG, considerada el primer y más importante estudio jurídico ambiental de interés público del país, para que tramite las reclamaciones que el Municipio contribuyó a gestionar, esto con el fin de hacer frente a la resolución de calificación ambiental, emitida el 10 de diciembre por la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana.

Durante el acto de firmas, en el salón de la Secretaría Municipal, la jefa comunal, destacó: “Tenemos acá representantes de los barrios que se verán afectados por el proyecto SONACOL. Lo más importante es trabajar unidos. Presentamos, una vez más, nuestro profundo rechazo al proyecto. Como municipio hoy fue un día muy importante porque firmamos un compromiso de trabajo con la ONG Fima, especialista en el área ambiental y con profesionales del más alto nivel”.

Cada una de estas firmas, explicó la alcaldesa, permitirán validar las reclamaciones, sobre todo en el área administrativa.

Unidos para impugnar

Los vecinos que asistieron al acto, además de tener opiniones técnicas importantes para impugnar el proyecto, participaron en la Consulta Ciudadana realizada entre febrero y abril de 2017. Entonces accedieron al expediente físico y electrónico de la evaluación e hicieron poco más de 1000 observaciones sin obtener las respuestas esperadas. Si bien es un proceso administrativo bastante largo, se trata de un camino, el de las reclamaciones, impulsado por la voz vecinal.

Firmaron y gritaron: ¡NO A SONACOL!: Maribel Soto Muñoz, representante del Barrio Los Bosquinos; Fernando Barraza, dirigente social; Raúl Gómez, de El Abrazo; Nancy Candia, presidenta de la Junta de Vecinos Yerbas Buenas; Norma Holsteins, presidenta del Centro de Madres Segen; Meres Lillo, de la Villa Los Alamos; Viviana Delgado, del Barrio Pehuén; Felipe Aguayo, vecino del Barrio La Farfana y Pedro Baillon, líder social de nuestra comuna. Antes, lo hicieron directamente en notaría, Pablo Riveros y María del Carmen Manzanares.

La posición de los firmantes está bien definida y Fernando Barraza lo transmite: “En esta instancia y siempre desde que nos iniciamos con todo el proceso hace cinco años, hemos dicho fuerte y claro: ¡No al oleoducto SONACOL en Maipú!”.

Desde el Departamento Jurídico de la Municipalidad se estudiaron las vías para abordar el proyecto que amenaza la seguridad y la vida de los habitantes del Barrio Industrial, El Abrazo, Los Bosquinos, Pehuén, Sol Poniente, Portal del Sol y La Farfana.

La polémica resolución que certifica que el Proyecto Oleducto M-AAMB, mejor conocido como Proyecto SONACOL, cumple con la normativa de carácter ambiental pese a las observaciones efectuadas al proyecto y a la creciente amenaza que este significa para los vecinos y el medio ambiente.

Debido a los riesgos, nuestra alcaldesa se mantiene firme en contra del proyecto, cuyo trayecto en planos atraviesa con sus 27 kilómetros. “Es una decisión inamovible para mí. La única solución viable es un cambio de trazado. Vamos a luchar hasta el final”, expresó recientemente la líder del municipio.

El proyecto fue aprobado por los SEREMIS de la Región Metropolitana y la Intendencia. Entre los riesgos o amenazas más preocupantes para los maipucinos, por el oleoducto de poco más de 27 kilómetros de extensión, con diámetro de 32,4 centímetros y enterrado a 1,8 metros de profundidad, destacan: Potencial incendio y peligro de fuga con contaminación de las napas subterráneas y con ello el acceso al recurso hídrico. En ningún caso, la empresa se haría cargo del impacto.

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