MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ SE QUERELLÓ CONTRA EX DIRECTOR DE SMAPA

2018-02-16 22.11.39

Texto: Revista Mi Gente – Fotografía: RIG

La Municipalidad de Maipú se querelló en contra del ex director de SMAPA, Juan Rodrigo Alvarado, por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco, negociación incompatible, estafa y cohecho, cuyos delitos significaron una pérdida de 500 millones de pesos para las arcas municipales.

Según información publicada en el diario electrónico La Nación, el recurso legal fue acogido por el 9no Juzgado de Garantía de Santiago y apunta a supuestas irregularidades en un contrato suscrito entre el municipio y la Empresa Constructora Pérez y Gómez Ltda. (COPERGO).

Según se detalla en la querella, durante el año 2016 la empresa, representada legalmente por Nicolás Pérez, quien también fue denunciado por la administración comunal, acordó realizar la reposición de las redes de agua potable y alcantarillado de Maipú, trabajos que contemplaban un presupuesto de 998 millones de pesos.

Sin embargo, antes de iniciar las obras, la compañía habría sido contactada por Alvarado, con quien acordaron llevar a cabo el refuerzo de la red de agua potable, trabajos que demandan un costo mucho menor al acordado en el contrato suscrito con el municipio.

El director jurídico de la Municipalidad de Maipú, Carlos Fairlie, declaró a La Nación que “nosotros hemos hecho un levantamiento de información hace mucho tiempo, respecto de ciertas circunstancias anómalas que ocurrieron en la administración anterior. Este en particular dice relación con que se recibían peticiones de carácter verbal para modificaciones de ciertos contratos, los cuales estaban decretados con anterioridad en las bases. Y eso en cuanto al derecho administrativo no se puede hacer”.

El jurista agregó al diario electrónico nacional que “eso vulnera gravemente un principio básico que es el de la probidad administrativa y todo lo que tiene que ver con reglamentos, leyes orgánicas y otros, así que tuvimos que presentar esta querella para dejar constancia al Ministerio Público de que se habían vulnerado sistemas de carácter administrativo, los cuales habían decantado en un perjuicio para la sanitaria y en particular para el municipio”.

Fairlie añadió a La Nación que con la querella se busca establecer responsabilidades desde el punto de vista del funcionario y también de la empresa.

“Siempre tiene que primar la estricta sujeción que establece el derecho administrativo de las bases contratadas. No se puede, y eso es lo que queremos buscar como estándar, verbalmente hacer un acuerdo entre un funcionario público y una empresa para efecto de cambiar el objeto de un tipo de contrato”, sentenció el abogado, quien además solicitó que la Brigada de Delitos Económicos de la PDI realice diligencias y que la fiscalía cite a declarar a todos los funcionarios municipales y de la empresa involucrados en los trabajos.

Revista Mi Gente se encuentra recabando mayores antecedentes de este caso para ampliar esta información.

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