QUERELLADOS: SUMAN Y SIGUEN (PARTE 12)

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Texto: Revista Mi Gente – Fotografías: Archivo

La ampliación de querella presentada el pasado martes 28 de junio en el 9no Juzgado de Garantía de Santiago, también se refiere a la encargada del área de cultura de la Municipalidad de Maipú, Bárbara Aliaga.

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Como se ha visto en los capítulos anteriores de nuestra serie de publicaciones “Querellados: suman y siguen”, hemos relatado textualmente las acusaciones presentadas en esta ampliación de querella presentada por el abogado Lino Olivares, entre las que sobresalen una serie de irregularidades cometidas mediante boletas ideológicamente falsas para obtener ganancias ilícitas con dineros públicos.

Al respecto, el texto de la ampliación de querella acusa precisamente a Bárbara Aliaga, sindicándola como una de las cómplices que permite todas estas irregularidades, relatando textualmente: “quien también autoriza dolosamente el pago de la emisión de boletas ideológicamente falsas, es la querellada Bárbara Cristina Aliaga Romero, quien en su calidad de Encargada de Cultura de la I. Municipalidad de Maipú, autoriza los pagos de boletas de honorarios ideológicamente falsas a los querellados concejales, aun sabiendo que dichas personas no se desempeñan en ninguna de las dependencias de la I. Municipalidad de Maipú”.

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Luego relata que “los dineros son depositados en sus cuentas Rut BancoEstado, fondos que luego les son transferidos a las cuentas personales de los querellados concejales, con la salvedad de la querellada Concejal Marcela Silva Nieto, con quien la querellada Aliaga Romero mantiene una relación cercana ya que el hermano de la querellada, Ignacio Aliaga Romero, es conviviente de la querellada Marcela Silva Nieto. Por lo que dichos dineros le son entregados a la querellada Silva Nieto presencialmente”.

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Acto seguido, la ampliación de querella advierte que “los funcionarios públicos, coautores de fraudes y exacciones ilegales en completo detrimento del bien patrimonial municipal, delitos de malversación de fondos públicos que son sancionados, según el Artículo 239º del Código Penal, el que versa lo siguiente: El empleado público que en las operaciones en que interviniere por razón de su cargo, defraudare o consintiere que se defraude al estado, a las municipalidades o a los establecimientos públicos de instrucción o de beneficencia, sea originándoles perdida o privándole de un lucro legítimo, incurrirá en la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo. En aquellos casos en que el monto de lo defraudado excediere de cuarenta unidades tributarias mensuales, el juez podrá aumentar en un grado la pena señalada en el inciso anterior. Si la defraudación excediere de cuatrocientas unidades tributarias mensuales se aplicara la pena de presidio mayor en su grado mínimo. En todo caso, se aplicaran las penas de multa del diez al cincuenta por ciento del perjuicio causado e inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos en sus grados medios a máximo”.

Absolutamente toda esta información es pública y se encuentra disponible en la página web del Poder Judicial (www.pjud.cl) bajo el n° de la causa RIT 9458-2013.

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