Declaración Pública del Consejo para la Transparencia ante resolución de la Contraloría en contra de su ex Presidente

Información y Fotografía: Consejo para la Transparencia

Desde hace un año hemos venido sosteniendo la necesidad de aclarar diversas situaciones administrativas ocurridas en el Consejo para la Transparencia (CPLT). De esa necesidad se dejó constancia en diversas actas del consejo directivo y se formó un comité revisor de procesos para rectificarlas.

Adicionalmente, se hizo presente a los poderes legisladores la necesidad de cambios legislativos que subsanaran brechas en el gobierno corporativo de nuestra institución, por ejemplo, en materia de conflictos de intereses y puerta giratoria.

En enero de este año, la Contraloría General notificó al Consejo que investigaba una denuncia en contra del consejero Marcelo Drago, de la directora general y del secretario de actas de la institución. Por la gravedad implícita de la acusación, inmediatamente se acordó instruir una investigación sumaria interna y, dados los nuevos antecedentes surgidos de ella, en julio reciente se ordenaron dos nuevas investigaciones.

En paralelo, se formó un comité de fortalecimiento institucional que, recogiendo las inquietudes del consejo directivo y de la Asociación de Funcionarios, impulsó medidas correctivas o preventivas en diversos ámbitos, por ejemplo, mayor transparencia en el trabajo del consejo directivo, mayores exigencias en sus sesiones y actas, y mayor control sobre los bienes institucionales. Asimismo, se acordó la desvinculación del secretario de actas en junio y de la directora general en agosto.

En este contexto, el consejero Marcelo Drago presentó su renuncia el 23 de junio.

El actual consejo directivo ha actuado cohesionado y con decisión para defender la institucionalidad. Siempre tendremos la mejor disposición para esclarecer cualquier duda que exprese la ciudadanía y para colaborar con cualquier cuestionamiento que nos planteen tanto los órganos de control como de investigación judicial.

Finalmente, reafirmamos nuestra obligación de decidir y actuar de acuerdo a lo que dictan las normas vigentes, pero más allá de las exigencias legales, nuestro compromiso también es con lo que creemos éticamente correcto.

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